Como uno de los actores más poderosos del mundo digital, Google lleva años dominando las tecnologías de motores de búsqueda y publicidad. Sin embargo, dos demandas separadas por monopolio presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. muestran que este dominio está siendo ahora seriamente cuestionado. El funcionamiento de Google está en el punto de mira de las regulaciones en el mercado de los motores de búsqueda, por un lado, y de las tecnologías de publicidad digital, por otro. La empresa se prepara para defenderse de estas acusaciones.
Las decisiones judiciales del año pasado revelaron que Google había creado un monopolio ilegal en dos ámbitos distintos. El juez Amit Mehta de Washington DC determinó que las prácticas de la empresa en el mercado de los motores de búsqueda impedían la competencia. La juez Leonie Brinkema, de Virginia, determinó que Google había interconectado ilegalmente dos de sus principales servicios de tecnología publicitaria. Ambas decisiones revelan que la empresa está bajo escrutinio no sólo por su cuota de mercado, sino también por los métodos que utiliza.
Las intervenciones en las operaciones de Google son cada vez más concretas
A partir del 21 de abril de 2025 y durante tres semanas, el nuevo proceso contencioso trata específicamente de las sanciones que deben aplicarse en el mercado de las búsquedas. El Departamento de Justicia exige que Google se desprenda de su navegador Chrome y comparta los datos de búsqueda con sus competidores. También quiere que la empresa ponga fin a sus acuerdos de exclusividad con Apple y fabricantes similares. Otra importante exigencia del Gobierno es la obligación de Google de informar periódicamente de sus inversiones en inteligencia artificial.
Google argumenta que estas exigencias pueden afectar negativamente a la experiencia del usuario y perturbar los procesos de innovación. La empresa intenta explicar su éxito, especialmente en el campo de los motores de búsqueda, con las preferencias de los usuarios y la superioridad tecnológica. Sin embargo, dado que el tribunal no consideró suficientes estos argumentos en fases anteriores, se afirma que Google sólo luchará esta vez por la mitigación de las penas. Esto lleva el curso del caso a un punto diferente.
Uno de los principales factores que impiden la competencia son los acuerdos de Google con Apple. Gracias a estos acuerdos, Google es el motor de búsqueda por defecto en navegadores populares como Safari. El DOJ afirma que esto hace casi imposible que los servicios alternativos lleguen a los usuarios. Además, el uso generalizado de Chrome conlleva la recogida de datos de los usuarios únicamente en Google.
La recopilación de estos datos sólo en Google dificulta que los motores de búsqueda rivales mejoren sus algoritmos. Por ello, el DOJ exige que los datos sobre consultas de búsqueda se compartan de forma transparente con los competidores. Los responsables gubernamentales insisten en que esta normativa debe diseñarse teniendo en cuenta no sólo los avances tecnológicos actuales, sino también los futuros. También se considera que las tecnologías de búsqueda basadas en inteligencia artificial crean un nuevo ámbito de competencia en este contexto.
En el mercado de la publicidad digital, las demandas contra Google se perfilan a un nivel más concreto y técnico. Se afirma que el servidor de anuncios para editores DFP y el intercambio de anuncios AdX de la empresa se han vinculado entre sí, reforzando su dominio del mercado. Se sugiere que estos dos servicios se separen o se gestionen bajo empresas independientes. Sin embargo, dado que este ámbito está configurado directamente por los ingresos publicitarios, sus efectos sectoriales pueden dejarse sentir más rápidamente.
Las quejas de los editores sobre las tecnologías publicitarias de Google están a la orden del día desde hace tiempo. Especialmente las pequeñas y medianas organizaciones de medios de comunicación se sienten incómodas por el hecho de que sus modelos de ingresos dependan de las políticas de la plataforma de Google. Por ello, se afirma que una intervención que aumente la competencia puede abrir espacio a los editores. Sin embargo, se afirma que este paso debe planificarse cuidadosamente desde un punto de vista técnico.
Continúa la incertidumbre sobre cuándo finalizarán las decisiones judiciales. Se espera que el juez Mehta se pronuncie sobre las sanciones a los motores de búsqueda a finales de verano. Se espera que el juez Brinkema fije una fecha de audiencia para el caso de la tecnología publicitaria en los próximos meses. Tras este proceso, se activará el proceso de apelación de Google y las sentencias se extenderán probablemente a lo largo de un proceso judicial que durará años.
En cualquier caso, estas demandas tienen el potencial de afectar no sólo al futuro de Google, sino también a la estructura del mercado digital. Al igual que el caso antimonopolio contra Microsoft a principios de la década de 2000, este proceso puede abrir espacio a nuevos actores. Aquella época marcó el comienzo de un periodo en el que Google pasó a un primer plano con la remodelación de la competencia. Ahora el mismo Google es el blanco de una ola de cambios similar.
