Nintendo ha vuelto a llamar la atención con un cambio radical en su acuerdo de usuario. Con la nueva normativa, la compañía ha endurecido claramente su postura contra quienes utilizan contenidos pirateados e instalan software no autorizado. Cabe destacar que estos cambios se han producido antes de Switch 2, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2025. La compañía ha anunciado oficialmente que puede intervenir directamente en la forma en que los usuarios utilizan sus cuentas y dispositivos.
Nintendo podría neutralizar por completo los dispositivos que no cumplan la normativa
Los cambios en el contrato no se limitan a la redacción técnica, sino que están llenos de cláusulas dirigidas directamente al usuario. Nintendo dice explícitamente que cualquiera que intente alterar el funcionamiento de la consola o saltarse las capas de protección puede dejar el dispositivo total o parcialmente inoperativo. En términos sencillos, esto significa que un día tu Switch podría no arrancar o sus funciones online podrían dejar de funcionar. Esta posibilidad muestra la clara postura de la compañía ante el software pirata y las modificaciones.
La nueva versión del acuerdo también prohíbe a los usuarios realizar ingeniería inversa, descifrar o distribuir los Servicios de Cuenta Nintendo. La compañía quiere proteger no sólo el contenido del dispositivo, sino también el propio servicio del uso no autorizado. Sin embargo, también se ve que la empresa se ha creado una grave jurisdicción con estos artículos. En otras palabras, Nintendo ha preparado un marco que puede vigilar continuamente cómo interactúa el usuario con la consola.
El nuevo contrato tampoco tolera ninguna modificación a nivel de hardware. Cualquier intervención, como software homebrew, sistemas operativos personalizados o instalaciones de juegos piratas, se considera ahora un claro incumplimiento del contrato. En este caso, se puede inutilizar todo el dispositivo o sólo algunas funciones. Este planteamiento tiene serias limitaciones, especialmente para los usuarios con conocimientos técnicos.
No obstante, la medida de la empresa no es totalmente unilateral. Algunas disposiciones del contrato establecen que puede haber excepciones a estas restricciones en virtud de la legislación aplicable. Así que en algunos países, como la Unión Europea, no es tan fácil para Nintendo aplicar estas sanciones. Sin embargo, en regiones como Estados Unidos, parece posible que la empresa las aplique directamente.
Además, se ha vuelto a insistir en que los usuarios sólo obtienen licencias de productos digitales y no son sus propietarios. Aunque éste ha sido un planteamiento aceptado en la industria durante mucho tiempo, Nintendo lo expresa ahora de forma mucho más clara y vinculante. Cuando compras un juego, en realidad obtienes un acceso limitado a una copia de ese juego. Este derecho puede cancelarse o restringirse según las condiciones establecidas por Nintendo.
Además, se incluyeron en el contrato algunas cláusulas adicionales que dificultarían a los usuarios emprender acciones legales contra Nintendo. En concreto, la cláusula de arbitraje, que limita el derecho a interponer una demanda colectiva, fue recibida con reacciones por parte de usuarios precavidos. Según esta cláusula, los usuarios solo pueden recurrir al arbitraje individual en caso de litigio. Los usuarios pueden renunciar a esta disposición notificándolo por escrito en un plazo de 30 días.
Este paso dado por Nintendo ha ampliado no sólo la dimensión técnica, sino también la jurídica de la lucha contra la piratería y la emulación. Los límites del sistema están ahora mucho más claramente trazados. Es de gran importancia que los usuarios lean detenidamente este acuerdo y utilicen sus dispositivos de acuerdo con este marco. De lo contrario, es posible enfrentarse a graves consecuencias, como el cese repentino del acceso a los servicios de Nintendo.
