El Departamento de Justicia extiende el plazo para el cumplimiento del Título II de la ADA
Las instituciones que trabajan para cumplir con las regulaciones del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades para la accesibilidad digital han recibido un indulto temporal: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha publicado una norma final provisional para retrasar un año el plazo de cumplimiento.
Las regulaciones, adoptadas en abril de 2024, requieren que las entidades gubernamentales estatales y locales (incluidas las instituciones públicas de educación) garanticen que todo el contenido web (portales para estudiantes, aplicaciones móviles, formularios en línea, contenido del sistema de gestión del aprendizaje, sitios web institucionales y departamentales, etc.) cumpla con los estándares de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel AA. La fecha de cumplimiento para las instituciones públicas con una población total de 50.000 o más se ha ampliado del 24 de abril de 2026 al 26 de abril de 2027, mientras que la fecha límite para las entidades públicas con una población total de menos de 50.000 se ha ampliado del 26 de abril de 2027 al 26 de abril de 2028.
En su explicación de la necesidad de revisar los plazos, el DOJ enfatizó que los avances en tecnología no han seguido el ritmo de las necesidades institucionales, lo que convierte en un desafío para las organizaciones con recursos limitados cumplir con las regulaciones de 2024: «En la regla final de 2024, el Departamento intentó lograr el equilibrio adecuado entre preservar los recursos limitados de las entidades públicas y garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidades», explicó el Departamento. «Pero el avance y la disponibilidad de la tecnología no cumplieron con las expectativas del Departamento cuando logró ese equilibrio. La tecnología avanzada, como la IA generativa, aún no automatiza de manera confiable la corrección de contenido inaccesible a escala, y los recursos de personal y la disponibilidad continúan planteando desafíos importantes. Los recursos de las entidades cubiertas tampoco cumplieron con las expectativas del Departamento». Por lo tanto, dijo el Departamento, «esos plazos son inviables e injustos para las entidades cubiertas».
Sin embargo, numerosos comentarios públicos sobre la nueva norma final provisional del Departamento de Justicia transmiten frustración por el retraso, insistiendo en que las instituciones han tenido mucho tiempo para «actuar en conjunto».
«Respetuosamente insto al Departamento a resistir cualquier nueva demora, rescisión o restricción de la regla y a no reabrir excepciones», escribió un comentarista. «El estándar es claro, la tecnología existe y los recursos son manejables con compromiso institucional. Los derechos civiles de millones de personas con discapacidad dependen de su implementación oportuna. La comunidad de personas con discapacidad ya ha esperado demasiado».
«Las instituciones y organismos gubernamentales involucrados sólo actuarán cuando se enfrenten a responsabilidades y consecuencias en el mundo real», escribió otro comentarista. «Por favor proteja los derechos de las personas con discapacidades a la participación cívica, la educación y los servicios gubernamentales rescindiendo esta extensión y haciendo que nuestras entidades gubernamentales cumplan con estándares claros y ejecutables».
«Los derechos civiles no son una ‘conveniencia’ que deba equilibrarse con el presupuesto municipal. Son el suelo, no el techo», escribió otro. «Insto al Departamento a rescindir esta extensión y hacer que las entidades públicas cumplan con la fecha límite original del 24 de abril de 2026. Estamos listos para un mundo digital accesible; es el Departamento el que se está quedando atrás».
La norma final provisional está abierta a comentarios públicos hasta el 22 de junio de 2026, pero se espera que el Departamento de Justicia se mantenga firme en el plazo ampliado, según analistas de Whiteboard Advisors. Como lo expresó el vicepresidente senior y codirector de investigación de Whiteboard, David DeSchryver, «La extensión no es una invitación a esperar. Las entidades públicas y sus proveedores aún tienen que cumplir con las WCAG 2.1, Nivel AA. Simplemente brinda más tiempo para hacer ese trabajo a fondo y al mismo tiempo alivia las preocupaciones sobre litigios por incumplimiento».
El texto completo de la norma final provisional está disponible aquí en el sitio del Registro Federal.
Sobre el autor
Rhea Kelly es editora en jefe de Campus Technology, THE Journal y Spaces4Learning. Puede ser contactada en [email protected].
