El Departamento de Transporte del presidente estadounidense, Donald Trump, se dispone a rebajar los estándares de ahorro de combustible dando un paso atrás en sus políticas medioambientales para la industria automovilística. Según la nueva normativa propuesta por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera (NHTSA), el objetivo medio de eficiencia de combustible para turismos y vehículos comerciales ligeros para el año modelo 2031 se ha fijado en 34,5 millas por galón. Esta cifra representa un descenso significativo respecto al nivel de 50,4 millas por galón fijado bajo el mandato del ex presidente Joe Biden. El plan de Biden pretendía fomentar el uso de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de carbono.
Aunque este cambio se esperaba desde hace tiempo, los primeros pasos hacia su aplicación se aceleraron por orden de Sean Duffy, nombrado secretario de Transporte justo un día después de la toma de posesión de Trump. En enero, el Sr. Duffy ordenó a la NHTSA que reevaluara las normas de eficiencia de combustible existentes. Además, en verano se puso fin al crédito fiscal para la compra de vehículos eléctricos. Todos estos acontecimientos demuestran que las políticas de transporte ecologistas han quedado en un segundo plano en Estados Unidos.
Los aranceles de EEUU dificultan la entrada de vehículos innovadores en el mercado estadounidense
A pesar de la retirada de EE.UU. de las políticas de eficiencia de combustible, los fabricantes de automóviles de todo el mundo continúan la carrera por desarrollar vehículos eléctricos sin aminorar la marcha. Los fabricantes con sede en Europa y Asia destacan con tecnologías avanzadas de baterías y modelos que ofrecen mayor autonomía. Sin embargo, los aranceles a la importación impuestos por EE.UU. impiden en gran medida que estos vehículos innovadores entren en el mercado estadounidense. Como resultado, los consumidores estadounidenses se enfrentan a restricciones en el acceso a los vehículos de última generación que se ofrecen en el mercado mundial.
En un comunicado publicado por la administración Trump, se afirmaba que la nueva normativa reduciría el coste de un vehículo medio en 1.000 dólares y ahorraría al país 109.000 millones de dólares en cinco años. Sin embargo, estas afirmaciones de beneficios económicos presentan un panorama más complejo cuando se tienen en cuenta los impactos medioambientales. En concreto, si tiene éxito el intento de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de anular las pruebas existentes de que el cambio climático perjudica la salud humana, existe la posibilidad de que aumente el consumo de gasolina y suban los precios de los combustibles.
Además, aún no se han calculado totalmente los costes humanos y económicos de los fenómenos meteorológicos extremos debidos al calentamiento global. Los científicos señalan que, si se mantienen los niveles actuales de emisiones, se producirán con más frecuencia catástrofes como inundaciones, incendios forestales y sequías. A largo plazo, esto puede tener consecuencias que amenacen no sólo al medio ambiente, sino también a las infraestructuras, la agricultura y la salud pública.